Posponen hasta febrero de 2021 reforma sobre outsourcing
El sector empresarial y el obrero se comprometieron con el gobierno federal a no ejercer prácticas ilegales utilizando la subcontratación; firmarán este acuerdo el próximo miércoles en Palacio Nacional
El gobierno federal, el sector empresarial y el obrero acordaron posponer la discusión de la reforma a diversas leyes para eliminar el outsorcing, que presentó el Ejecutivo el pasado 12 de noviembre, con el compromiso de no ejercer prácticas ilegales utilizando la subcontratación de personal.
Fuentes adelantaron que este acuerdo se firmará el próximo miércoles en Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera.
En este documento se incluyen cuatro puntos por los que, ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso.
Por ello, en el documento de carácter tripartita, se solicita al Poder Legislativo se posponga hasta el mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente, para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.
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El acuerdo también incluye un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre.
El IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
Todas las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal.
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Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal.
Respecto del tema relacionado con el esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, se señala que no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido.
En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
